Como
muchos de nuestros ciudadanos ya habrán notado, en Latinoamérica y España ha
ocurrido un curioso fenómeno; resulta que los políticos han acordado de manera
mucho más fácil de lo esperado que se daría paso a leyes en favor de la
eutanasia.
Dos
definiciones nos da la RAE para la eutanasia. La primera, “intervención
deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”, y
la segunda como “muerte sin sufrimiento físico”. Vamos a quedarnos con ambas para
este análisis.
En
primer lugar, no se debe confundir la eutanasia con el suicidio, que mientras
sea acto de una sola persona y sin mediar otra es legal en toda Iberoamérica.
Tampoco con acciones como la desconexión de un paciente de ciertos aparatos que
mantienen artificialmente la vida, como ocurrió con un conocido cantante.
La
eutanasia entonces consiste en un procedimiento médico profesional mediante el
cual se ha de poner fin a la vida de una persona sin causarle sufrimiento
físico, y siempre que esa persona no tenga perspectiva médica de cura. Es
decir, legalizar la muerte de todos aquellos desahuciados por uno o más
profesionales de la salud, la cual es realizada por mano de otro profesional de la salud. Jurídicamente implica la despenalización de una forma muy específica de suicidio asistido, sin legalizar la totalidad de estas hipótesis.
Mucho
se ha argumentado desde un enfoque de la moral, de la fe, e inclusive la
filosofía. No es mi intención dar una perorata que ya es sabida, sino plantear
una crítica mucho más mundana, a lo que creo yo se ha mal llamado “derecho a
elegir una muerte digna”.
Debo realizar
antes un par de advertencias al lector. Primero, solo estoy criticando un
argumento en favor de la eutanasia, ese que señala que ella es un derecho de
opción, y que su legalización implica más libertad para las personas, al poder
elegir lo que llaman “muerte digna”. Segundo, que parto de la premisa de que el mal acceso a la salud de
las personas pobres, y el acto costo de esas prestaciones no es culpa de los
mismos pobres, sino que ello obedece en gran medida a los diversos y
deficientes sistemas económicos, malos gobiernos y otras causas externas que en
definitiva impiden a la gran mayoría de la población iberoamericana el acceso a
tratamientos y paliativos para esas enfermedades sin perspectiva sencilla de cura.
Los
políticos han afirmado de diversas formas que la eutanasia es un derecho a
elegir de la persona, a fin de que ella pueda elegir razonablemente si quiere o
no pasar por el largo periodo de enfermedades terminales, sin cura y muy dolorosas.
Es entonces una especie de derecho a evitar ese calvario terrible que supone
una enfermedad dolorosa sin perspectiva de cura, lo que en definitiva contribuiría
a la libertad de las personas.
Ocurre
un problema allí: ¿es que existe realmente ese derecho a elegir para las
personas? ¿realmente son más libres al tener acceso en estas condiciones a la
eutanasia?
Cuando
la libertad es concebida como una libertad-poder, esto es, el ser libre en
cuanto uno puede hacer tal o cual cosa, de manera positiva, se cae muy comúnmente
en una trampa. Se dice que la persona que puede elegir tal o cual cosa es más
libre, que puede decidir, pero olvidan algo esencial y a fin de cuentas lo más
importante: la real capacidad de decidir.
Isaiah
Berlín, un filosofo del siglo pasado, desarrollaba magníficamente este punto en
su gran y clásico “dos conceptos de libertad”. El argumentaba que una persona no
es libre en la medida en que otros le impiden hacer lo que ella podría hacer si
no se lo impidieran; y si, a consecuencia de lo que hacen esos otros sujetos,
ese ámbito de su actividad se contrae hasta un cierto límite mínimo, donde puede
decirse que él está coaccionado o inclusive oprimido.
La
coacción implica la intervención deliberada de otros seres humanos dentro del
ámbito en que yo podría actuar si no intervinieran. Ahora bien, la mera
incapacidad de conseguir un fin no es falta de libertad política.
El
problema estriba en si realmente las personas podrán tener esa capacidad de
elegir entre la vida (bajo esa enfermedad dolorosa incurable) y esa perspectiva
de muerte sin sufrimiento proporcionada por el Estado. ¿Quién realmente tendrá
esa opción?
Una persona
con muchos recursos económicos, con los mejores tratamientos médicos, y con
abundantes redes de apoyo no enfrentará fácilmente ese dilema. Y si quisiera afrontar
la enfermedad y sus altos costos podría hacerlo, salvo que incluso ella
sobrepase sus fuentes.
El
resto de los mortales se ve expuesto en cambio a una situación terrible. Iberoamérica
en general, salvo casos contados, tiene sistemas de salud deficientes y
costosos, donde enfermedades con pronósticos incurables suponen esa dicotomía
entre carecer de tratamiento real, o endeudar a generaciones de la familia con
proyectos experimentales, o carísimos paliativos. Esa persona, que tiene que
enfrentar esa situación, carecerá de la posibilidad de elegir. Y hoy, este
orden de cosas lo deja en la pobreza y el sufrimiento.
La
tragedia es que, ante esos escenarios, mucha gente ha insistido al Estado por
ayuda; y la respuesta es o la demora en proveer de las prestaciones, o
simplemente la negativa. Es lo que ocurre con ciertos tratamientos reales y
profesionales que ofrecen al menos la chance de una mejora, pero que solo están
disponibles en el extranjero, o en clínicas privadas a un alto costo. Y en esos
casos, nuestra eficiente administración se ha negado gastar sumas que considera
“excesivas” a cambio de salvar una vida humana.
¿Qué se
ofrece a cambio? Una solución barata, que es legalizar el suicidio asistido,
pero transformado en tratamiento médico, sin hacer el más mínimo esfuerzo por
mejorar el servicio de salud la gran mayoría de la sociedad. Más aún, son los mayores
los que sufrirán con esta perspectiva, donde muchas veces abandonados por sus
familias, solitarios y enfermos, se les pondrá enfrente una “opción” de este tipo.
¿Qué incentivos
habrá ahora por parte del Estado a la mejora de la cobertura de paliativos para
enfermedades terminales? ¿Qué le darán de opción al pobre que, sin casa y con
jubilación miserable solo busca que se mitigue el dolor de una enfermedad?
Cruel
e indolente es entonces la administración del Estado. Con una lógica del
capitalismo más salvaje le exige que le entregue lo mejor de si en sus mejores
años, para que cuando el ciudadano más necesite de esa ayuda solo vea como
recompensa ¡la oferta de la eutanasia!
Pues
bien, frente a ese mal llamado derecho a la muerte digna que tanto interés
tienen los políticos en legislar, bueno sería que dedicasen sus grandilocuentes
discursos parlamentarios a darle una vida digna, una salud digna, y condiciones
de trabajo dignas a sus pueblos. Que esos mismos que tan graciosamente decían que
“entre la economía y la vida, prefiero la vida” cumplan con darle esa
posibilidad a sus ciudadanos. Que el pobre no tenga que gastar lo que no tiene
para obtener una salud digna.
No es
necesario viajar a Europa para conocer lugares donde la lógica es tener una buena salud pública. Aquí mismo en América Latína hay un buen ejemplo: en Cuba no hay eutanasia; el
famoso sistema de salud cubano permite que el sujeto de a pie pueda tener
acceso a una buena cobertura de salud.
Otros
en cambio, que celebran a los Estados Unidos sus grandes logros económicos,
olvidan que allí un tercio de la población carece en realidad de un sistema de
salud. Entonces allí uno comprende que en la sociedad de lo desechable y de la obsolescencia
se opte por semejantes soluciones.
Al final cada Estado es libre de legislar como bien quiera; somos respetuosos de ese sagrado derecho, y seremos los primeros en aceptarlo. Sin embargo, considero personalmente que al legislar se debe ser sinceros. Que los partidarios liberales de la eutanasia no vengan a decir que se crea un derecho que en realidad no existirá para la mayoría de la gente, porque es poco lo que puede optar bajo semejantes condiciones sociales; menos aun se pretenda que “la sociedad es más libre” si la gente puede “elegir” cuando esa "libertad" es decidir entre vivir una vida corta bajo sufrimientos por enfermedad, endeudarse y gastar los ahorros de la vida para costear los paliativos de esa enfermedad, o la muerte por mano de un profesional de la salud.
A su vez también es importante que los opositores a la eutanasia se dediquen a mejorar las condiciones económicas y estructurales que han dado pie para que haya gente que proponga estas iniciativas de ley. Si no, es solo cosa de tiempo que se apruebe la eutanasia, ante el evidente problema que las enfermedades degenerativas han alcanzado desde la Revolución Industrial, más aun frente a tratamientos impagables para la mayoría de la gente. Es necesario mejorar las condiciones de vida, salud e ingresos del grueso de la población, y no meras medidas asistencialistas o subsidiarias que no atacan el fondo del problema.
Anastasio López
Ministro de Asuntos Internos
