"Si salgo muerto de aquí, voy a salir feliz. No voy darles más carne a los fierros gratis. Está bueno ya". La mañana del miércoles 18 de enero de 1995, a un día de cumplir cinco años preso, Juan Manuel Contreras San Martín había decidido ponerle fin a la condena que cumplía por el homicidio de María Soledad Opazo Sepúlveda. Iniciaría una huelga de hambre seca que le daría, como máximo, 10 días de vida.
El crimen por el que estaba tras las rejas era emblemático: el 24 de junio del año 1989, cuando terminaba la dictadura de Pinochet, una joven de 17 años, madre de una niña de un año, había aparecido desnuda a las orillas del canal Baeza, a metros del Puente La Calchona, con más de 20 puñaladas en el cuello, y los brazos.
Luego de eso, el país fue testigo de una irregular investigación, que terminaría trayendo consigo procedimientos ilegales, extorsión e inocentes que serían declarados culpables. Más de tres décadas después, aún no se ha resuelto el caso. 
El 25 de junio de 1989, un grupo de niños que jugaban en las cercanías del Canal Baeza, en Talca, se encontraron con el cuerpo sin vida de María Soledad Opazo, quien por entonces tenía tan sólo 19 años. El día del asesinato coincidió con la noche de San Juan donde, según cuentan algunos testigos, en horas de la noche María Soledad regresaba a su casa desde una fiesta, momento en que fue perseguida y hostigada por tres sujetos que estaban en un vehículo. Inexplicablemente estas personas la agredieron y la apuñalaron en reiteradas ocasiones. Luego de ello, fue lanzada desnuda al Canal Baeza con el objetivo de eliminar la escena del crimen.
Gladys, madre de María Soledad, en una entrevista con un canal de televisión (2014), comentó que el día 25 de junio en la mañana se dirigió a un almacén, como lo hacía de forma cotidiana. En este lugar escuchó rumores de un asesinato que había ocurrido durante la noche en el puente La Calchona. Ella dice que, al enterarse de estos rumores, tuvo una pequeña intuición de que la víctima podría ser su hija María Soledad, noticia que posteriormente sería confirmada por una vecina del sector.
Este crimen se convirtió en el foco de atención tanto de los vecinos y vecinas de la ciudad de Talca, como también de los medios de comunicación locales y de alcance nacional. Sobre esto, fue Diario El Centro uno de los principales medios que siguió paso a paso lo que ocurría con una investigación de asesinato que con el pasar de días, semanas y meses no arrojaba responsables.
A pesar de la complejidad que caracterizó a este crimen, la presión mediática y ciudadana por una pronta solución investigativa tuvo sus “primeros resultados” medio año después, en una de las mayores farsas judiciales de la justicia criminal común. 
Víctor Osses, de 17 años, fue detenido el jueves 6 de julio de 1989, mientras trabajaba en labores agrícolas en San Clemente. Había sido elegido en una especie de casting: tras encontrar el cadáver de María Soledad y sin pistas certeras sobre él o los culpables, la Policía de Investigaciones y Carabineros habían barrido las poblaciones pobres de la ciudad. Las indagatorias se sustentaban en rumores que ponían en la mira a distintas personas que eran detenidas, sindicadas bajo sospecha y luego liberadas.
Fue torturado a través de golpes, aplicación de electricidad y simulaciones de fusilamiento, práctica común en la policía de la dictadura. Entre muchas preguntas que no entendía, hubo una que pudo responder sin vacilar: sus mejores amigos eran José Alfredo y Juan Manuel, de 21 años. Ambos cayeron presos 48 horas después y fueron interrogados. Eso le bastaba a la Policía de Investigaciones de Chile para detener a los dos "cómplices". 
Posteriormente, ya detenidos, fueron insultados, fuertemente golpeados, y electrocutados con el objetivo que se declararan abiertamente culpables de un crimen que no cometieron. -Fui colgado en un fierro como animal. Me dijeron: tú estás detenido por este y este motivo. Ahí se me vino el mundo encima- cuenta Juan Manuel.
Tras dos días de apremios, los tres entregaron confesiones que eran un resumidero de miserias. Mezclaron las versiones que circulaban sobre el crimen y rellenaron los vacíos: de la venta de la ropa de la mujer que nunca fue encontrada y de diversas heridas fatales, algunas inexistentes, en el cuerpo de la joven.
El problema era que tenían testigos que los ubicaban lejos del homicidio, y el inconveniente policial de no tener cómo sostener las imputaciones. Seis meses más tarde, Talca hervía frente a la muerte aún sin resolver de María Soledad. Había que condenar a alguien. Tal como había ocurrido en julio de 1989, en enero de 1990, nuevamente sin presencia de abogados defensores, los tres amigos fueron obligados a declararse culpables, firmar sus dichos y ratificar en tribunales, custodiados por los mismos policías que los habían torturado, una confesión que los retrataba como psicópatas.
El 25 de enero, la primera vez que estuvieron solos frente a la jueza, se retractaron. Pese a ello, fueron sometidos a proceso como autores de homicidio calificado y se decretó su prisión preventiva.
Sus familiares organizaron bingos, campeonatos de baby-fútbol y completadas para pagar un abogado que, tras revisar los antecedentes, les recomendó aprender un oficio, porque pasarían muchos años encerrados. Los muchachos lo despidieron. No querían resignarse.
Realizaron una huelga de hambre. Como represalia, fueron trasladados desde la Cárcel de Talca a la Penitenciaría de Santiago, donde estuvieron tres meses. Ese viaje fue el primero de sus vidas a la capital.
"Nos defendíamos a puño y letra, mandando cartas a todo el mundo", narra Juan Manuel.
Uno de esos textos llegó al seremi de Justicia, Juan Mihovilovich Hernández, quien contactó al abogado Roberto Celedón Fernández. El profesional los conoció en 1992, semanas antes de que se cerrara el sumario, proceso previo para dictar la sentencia, dictada el 28 de marzo de 1994 por la entonces titular del Primer Juzgado del Crimen de Talca, Erika Noack Ortiz. En ese fallo, Juan Manuel y José Alfredo fueron condenados a 10 años de prisión por homicidio calificado, y Víctor a cinco años por el mismo delito.
"Eran tres jóvenes muy humildes. Les dije: si son culpables, yo no los voy a defender, porque la verdad es fundamental. Pero si ustedes son inocentes, vamos a tener que trabajar mucho", rememora Celedón sobre esa conversación. Víctor (47), sentado en el living de la pequeña vivienda que arrienda, donde su familia de nueve personas se acomoda como puede, sostiene que miró a Celedón y le dijo: "Somos inocentes. Nosotros éramos los más pobres nomás".
Inocente. O muerto. Juan Manuel no veía otra alternativa y así se lo planteó al abogado Celedón la tarde de visitas del 18 enero de 1995. "Mañana vamos a cumplir cinco años en esta mierda, yo ya no aguanto más- dijo Juan Manuel aquella mañana de 1995 en que un ataúd era una puerta a la libertad. El profesional llevaba casi tres años defendiéndolos y había logrado que se reabriera el sumario y se realizaran diligencias. Ahora traía otra noticia: la Corte de Apelaciones de Talca vería la apelación presentada un año antes. Del resultado dependía de que se iniciara o no la anunciada huelga seca.
El 19, un gendarme, el mismo que los había recibido el primer día de su detención, les gritó: "A tribunales". Le dijo a Juan Manuel: "Péinate bien bonito, para que salgas bien en la foto".
Alfredo (51) agrega que estaban nerviosos esperando el dictamen. Les leyeron que habían sido absueltos y se ordenaba su liberación inmediata, porque no se había logrado acreditar su participación en el homicidio. Como había aprendido a desconfiar, pidió revisar el papel antes de firmarlo. "Nos llevaron después a la celda. El cabo Pizarro me dijo: "Tus cosas, pues". No, respondí, yo de aquí no me llevo nada".
Cinco años pasaron para que, gracias a las gestiones de su abogado Roberto Celedón, estos jóvenes condenados fuesen absueltos y dejados en libertad, al comprobar que ninguno de ellos había estado ligado directa o indirectamente al lugar del crimen. 
Luego de la liberación de los inculpados, Celedón propuso ir a la Corte Suprema para exigir una indemnización para ellos por “error judicial”. El máximo tribunal chileno emitió un informe favorable, pero la compensación fue negada. Investigaciones hizo un sumario: se determinó que el proceso estuvo viciado, aunque no se reconocieron apremios.  
La libertad ya no era esquiva, pero el tiempo no les había dado tregua. En sus años como reos, había muerto la mamá de Víctor; Juan Manuel había perdido la custodia de su hija y no tenía un techo para vivir; José Alfredo debía retomar un matrimonio interrumpido: al mes de casarse había caído preso.
El 30 de diciembre de 1996, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propuso una salida amistosa: se acordó una pensión de por vida de tres sueldos mínimos y un acto de desagravio que se concretó el 22 de noviembre de 2001.
La investigación por el crimen de María Soledad se cerró tres años más tarde, sin responsables.


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