Por el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Alberto Fernández al Parlamento de la República Argentina se crea el Área Privilegiada Bentónica “Agujero Azul” con una superficie de unos 164.000 kilómetros cuadrados. Esta iniciativa, en su art. 1° establece que el área donde “yacen los restos del submarino ARA San Juan y descansa en eterna custodia de nuestra soberanía su heroica tripulación se incorporará al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, creado por la Ley nº 27.037 a cuyo régimen quedará sometida". El argumento de la ley radica en que esta “redundaría en beneficios ambientales, sociales, económicos y estratégicos de la República Argentina, reforzando la intención de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de conservación de la biodiversidad marina”.
El proyecto finaliza señalando que "La creación del Agujero Azul impulsará la política del Estado hacia el mar, contribuyendo al uso sostenible de los bienes materiales y el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre nuestros espacios marinos, con particular énfasis en ampliar la protección sobre los nuevos límites de nuestra plataforma continental y la soberanía nacional sobre el mar”.
Frente a tales iniciativas unilaterales del gobierno de la República Argentina, el Ministro de Defensa y Relaciones Exteriores de la República de Rino Island, Sr. Anastasio López, ha realizado el siguiente comunicado:
Nuevamente asistimos a una expresión del expansionismo de los políticos argentinos, que cada vez que enfrentan problemas internos resuelven expandir sus fronteras, sea a costa de sus vecinos, o ahora en el mar abierto.
Argentina, al traspasar sin fundamento jurídico la milla 200 de su limite marítimo, está transgrediendo evidentemente las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar, a costa de las aguas internacionales.
Si la República Argentina alega una preocupación por la conservación de la biomasa localizada en más allá de sus 200 millas. Esta preocupación la compartimos, ya que evidentemente lo que pasa en alta mar incide en las aguas cercanas a la costa, sin embargo no creemos que la solución del problema sea entregar esas mismas aguas a la jurisdicción de la Argentina.
No nos sorprende que Greenpeace apoye de manera tan decidida este proyecto, pues más allá de su efecto comunicacional, no soluciona de ninguna manera el problema, más aún al carecer la FLOMAR de la capacidad técnica para proteger el área en cuestión.
La República de Rino Island cree firmemente que la solución del problema del daño ecológico de la gran pesca industrial desregulada pasa por la prohibición de la práctica extensiva de la pesca de arrastre, acompañada de un Tratado Internacional de Aguas Profundas y de un adecuado sistema de protección efectiva de la alta mar por parte de los Estados Ribereños; no una mera anexión que dejará los ecosistemas marinos y su protección al mero arbitrio de los Estados.
ANASTASIO LÓPEZ
Ministro de Defensa y Relaciones Exteriores de la República de Rino Island.
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